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Más de 2.400 ciudadanos españoles cumplen condena en cárceles del extranjero

31 de octubre de 2012.-

Están repartidos por 63 países, y ocho de cada diez han sido condenados por tráfico o consumo de drogas

Cumplir condena en Alemania o Francia no tiene nada que ver con hacerlo en Guatemala, Malí o Cuba. A día de hoy, 2.426 españoles cumplen sus penas en 63 países, el 83,4% por delitos relacionados con el consumo o el tráfico de drogas, aunque en la mayoría de los casos por estar en posesión de pequeñas cantidades.
Los presos nacionales en el extranjero -entre ellos Pablo Ibar, condenado a muerte en Florida y a la espera de la decisión final del juez- tienen derecho a ciertos beneficios. El más importante es que, en función del país donde se encuentren y de que exista o no acuerdo bilateral, pueden solicitar cumplir la condena en España, pero es un proceso que, con suerte, puede demorarse hasta un año y medio.
En algunos lugares se suman otras trabas. En Francia o Marruecos se obliga al reo a pagar importantes multas para completar el traslado, y en Japón es obligatorio haber completado una parte de la sentencia. Existe otro problema añadido en países donde se imponen cadenas perpetuas o condenas mayores de los 40 años que se dictan en España para los delitos más graves. En estos casos, el permiso es generalmente denegado por las autoridades de esos países. Actualmente, 147 presos han recibido el visto bueno del Gobierno para su repatriación y esperan el momento en el país donde están encerrados. Otros 181 ya han hecho la solicitud, aunque todavía no ha sido estudiada por España.
Para los reclusos que padecen condiciones de internamiento extremas, desde el consulado se les puede abonar hasta 120 euros al mes para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Y es que en países de África la dieta diaria no es extraño que se limite a un plato de sopa. En 2011, se destinaron 1.019.264 euros a atender sus necesidades.
Asesoramiento
También es posible pedir que España suministre medicamentos e incluso sufrague operaciones graves o partos. Si las condiciones lo permiten, también existe acceso a estudios a distancia, tanto de enseñanza primaria, secundaria, del curso de acceso a la universidad, de una carrera o de inglés.
La ONG Movimiento por la Paz recogió en 2011 el testigo del Instituto Ramón Rubial en el seguimiento a los españoles encarcelados en el exterior, de los que también se preocupa el Defensor del Pueblo. Movimiento por la Paz mantiene el contacto con 456 de ellos. El asesoramiento que presta de forma gratuita se divide en tres fases y va dirigido tanto a los condenados como a sus familiares. «Nosotros no realizamos juicios morales, pueden dirigirse a nosotros sin sentirse estigmatizados», explica María José Moreno, responsable del programa.
En un primer momento, la ONG informa a los afectados del sistema penal del país donde se encuentran, para hacer después un seguimiento de sus enfermedades e informarles de sus posibilidades de traslado, si es que existen. Al margen del apoyo legal, la ONG intenta conocer las inquietudes de los condenados y el día a día. «Intentamos proporcionales distracción a través del envío de libros y revistas», explica la responsable del programa humanitario.
Sobre las condiciones que padecen algunos de los condenados, Moreno alude a la estricta confidencialidad de la relación, aunque describe celdas sin colchones o las mínimas condiciones de higiene, además de una alimentación deficiente o la escasez de medicinas. «En cuanto sales de Europa ya no encuentras prisiones como las que existen en España, que muchas veces se ponen como paradigma de cómo debieran ser», señala la responsable de la ONG.

Fuente: El Correo

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