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El PP niega que la reforma de la Ley de Drogas "criminalice" a los jóvenes
Diario: Xornal.com
Fecha: 30/05/2002
Palabras clave: Ley de Drogas de Galicia, Jóvenes
Tema: Publicidad
El PP niega que la reforma de la Ley de Drogas "criminalice" a los jóvenes
El PP rechaza una iniciativa para incrementar los derechos laborales de las mariscadoras porque "coincide" con los objetivos de la Xunta
XORNAL/A Coruña.- El diputado del PP Miguel Santalices negó hoy ante la Cámara gallega que la reforma de la Ley de Drogas de Galicia, conocida como la 'Ley antibotellón', pretenda "criminalizar" a los jóvenes y acusó al BNG de "demagogia" por esgrimir este argumento.
En su intervención ante el Parlamento gallego para justificar el voto en contra del PP a una proposición no de ley del BNG, Santalices aseguró que la reforma de la Ley de Drogas de Galicia "ni demoniza ni criminaliza" a los jóvenes gallegos, sino que "actualiza" el marco legal vigente para adaptarse "a los nuevos patrones de consumo".
Santalices aseguró que los índices de consumo de drogas en Galicia son "más bajos" que en el resto de España, pero advirtió de que en los últimos años cambiaron los hábitos de consumo. Así, resaltó que es preciso desarrollar "abordajes innovadores" para paliar el consumo excesivo de alcohol y sustancias estupefacientes entre los jóvenes.
El diputado popular destacó que la Xunta ya mantiene líneas de colaboración con 127 ayuntamientos gallegos --lo que supone el 70 por ciento de la población de la comunidad-- para fomentar la información sobre las drogodependencias. Sobre este punto, aseguró que la financiación de estos programas registró un incremento del 318 por ciento desde el año 1989.
No obstante, subrayó que los programas preventivos deben basarse en la evidencia científica y advirtió que las actividades de ocio alternativas que plantean algunos ayuntamientos no tienen demostrada su eficacia en la prevención de la drogadicción. Asimismo, aseguró que la Xunta trabaja en colaboración con el tejido asociativo juvenil y que más de 300.000 alumnos participaron en los programas preventivos sobre consumo de alcohol y drogas.
LEY REPRESIVA
Sin embargo, estas explicaciones no dejaron satisfecha a la diputada del BNG Olaia Fernández Davila, quien criticó la política "represiva" de la Xunta y la acusó de "criminalizar" a los jóvenes gallegos. Por contra, abogó por medidas de educación y formación para concienciar a la juventud de los perjuicios del consumo de alcohol y drogas y que impliquen al tejido asociativo juvenil.
"La represión no resuelve nada. Los jóvenes son víctimas de la sociedad en la que viven", expuso Fernández Davila, para quien, el botellón es "una nueva expresión cultural de la juventud". Así, acusó al Gobierno gallego de ser "oportunista", porque prohibe las reuniones en espacios abiertos para "responder a la incomodidad de un sector de la sociedad que se siente molesto" con los botellones.
Por su parte, el diputado socialista Francisco Cerviño vinculó el problema del consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes con el alto número de accidentes de tráfico. Al respecto, dijo que el 30 por ciento de los fallecidos en siniestros de tráfico son menores de 30 años de edad y que el 30 por ciento de los implicados en accidentes sobrepasa los límites permitidos de alcohol.
Por consiguiente, advirtió que la Ley de Drogas de Galicia es "insuficiente", máxime si la Xunta no garantiza su cumplimiento. Sobre este punto, expuso que desde 1996 sólo se pusieron 37 sanciones en Galicia por venta de alcohol a menores de edad, por lo que se mostró partidario de la reforma del marco legal vigente.
MARISCADORAS
Por otra parte, el PP votó también en contra de una proposición no de ley del BNG en la que se reclamaba un paquete de medidas para equiparar los derechos laborales de las mariscadores con los de otros colectivos. El diputado popular Sergio López García explicó que los objetivos planteados en esta iniciativa coinciden con los que se ha marcado el Gobierno gallego para esta legislatura.
López García negó que existiese "discriminación por razón de género" contra el colectivo de las mariscadoras y destacó los "avances" registrados en los últimos años gracias al Plan Galicia de Marisqueo puesto en marcha por la Xunta. "Si fuese un sector subdesarrollado no sería la primera potencia marisquera de Europa", agregó.
Al respecto, el diputado popular aseguró que el Gobierno gallego mantiene reuniones con el Instituto Social de la Marina (ISM) para que los coeficientes reductores se amplíen a subsectores de la pesca como el marisquero. De esta forma, las mariscadoras podrían suscribir un convenio con este organismo para poder jubilarse a los 65 años de edad aún sin haber cotizado los años suficientes.
No obstante, el diputado del BNG Bieito Lobeira denunció la "falta de protección social" de las 7.000 personas que en Galicia se dedican al marisqueo (el 85 por ciento mujeres) y la situación de "extrema precariedad laboral" en que desarrollan su trabajo. Así, advirtió que, de la renta media de 2.800 euros anuales que perciben las mariscadoras, unos 1.250 euros van destinados a las cotizaciones a la seguridad social.
Por ello, Lobeira reclamó un convenio con el ISM para financiar la cobertura social de los mariscadores, que se cree un catálogo de enfermedades profesionales, que este colectivo pueda acogerse a coeficientes reductores de la edad de jubilación, que los paros biológico sean subvencionables durante los tiempos de veda y que puedan acceder a bajas por accidente, entre otras medidas.
Por su parte, la diputada socialista Carmen Gallego incidió en la necesidad de que la propiedad del dominio marítimo terrestre, los bancos marisqueros, vaya pasando progresivamente a las manos de las mariscadoras. Asimismo, defendió otra enmienda en la que reclamaba la creación de un nuevo ordenamiento jurídico para las mariscadoras dentro del Régimen Especial del Mar.
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