Diario: Estrella Digital
Fecha: 22/06/2002
Palabras clave: Alcohol, Consumo, Ley, Proyecto
Tema: Alcohol
El Consejo Económico y Social critica que el proyecto prime los aspectos sancionadores sobre los preventivos
El pleno del CES aprueba enmiendas que excluyen al vino de la ley y reducen el periodo de adaptación de las empresas licoreras
El pleno del Consejo Económico y Social ha emitido un dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Prevención del Consumo de Alcohol diseñado por el Gobierno que censura el peso sancionador que contiene la norma frente a los pretendidos aspectos preventivos, según informaron ayer fuentes de este organismo. El anteproyecto, al que dio luz verde el Consejo de Ministros el pasado 23 de mayo, sanciona el consumo de alcohol en lugares públicos con una multa proporcional a la infracción cometida (repercusión, graduación, intencionalidad, etcétera) que rondará entre los 50 y los 600 euros. En este sentido, el dictamen del CES recomienda una mayor equilibrio entre los mecanismos de sanción que contempla el anteproyecto del Gobierno con las iniciativas de carácter preventivo. Así, en el debate del dictamen, miembros del CES advirtieron de que si la norma pretende fomentar la prevención, tal y como reza su propio título, se debería hacer un mayor hincapié en la formación de los jóvenes por encima de la sanción de prácticas como la del botellón. Por otra parte, según las mismas fuentes, el pleno del CES aprobó tres enmiendas al texto, propuestas por las organizaciones de consumidores y usuarios, la patronal y las agrarias. Estas últimas, proponen excluir a efectos de aplicación del decreto "las bebidas naturales de carácter agrícola de uso alimenticio" que ya están reguladas por una normativa específica, como es el caso del vino. La enmienda de los representantes de la patronal, por su parte, afecta a la parte del articulado relativa a la publicidad. En concreto piden que se desarrolle con mayor detalle los tipos de publicidad y los patrocinios. Por último, la enmienda de los consumidores, también aprobada por el pleno del CES, pide que se recorte el período de adaptación de las empresas licoreras a los aspectos que regulará el decreto, cuyo proyecto establece como límite el año 2005. Precisamente el pasado jueves, jornada de huelga general, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó con los únicos votos del PP, la ausencia de IU y los votos en contra del PSOE, la Ley de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública y establece sanciones por fumar en los transportes públicos de entre 3.000 y 30.000 euros. En concreto, la ley establece la prohibición de beber en la calle salvo en las terrazas y veladores, en las fiestas patronales y en aquellos casos en que los ayuntamientos lo estimen oportuno. Además, eleva hasta los 18 años las edad para comprar tabaco y alcohol e introduce la necesidad de una licencia específica para vender alcohol en aquellos establecimientos donde su consumo no sea inmediato.
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