18 de julio de 2012.-
El Gobierno tiene dos certezas en su discurso respecto al narcotráfico en el país. La primera es que en el Ecuador prácticamente no se cultiva hoja de coca, lo cual sustenta en informes internacionales, como el de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC 2011). Y la segunda, que este ilícito no se está desbordando, frente a lo cual exhibe los resultados de las capturas de drogas en los últimos años: más que en la época en que funcionaba la Base de Manta (Puesto de Operaciones Avanzadas de los Estados Unidos, FOL), según han dicho en estos días.
Sin embargo, el problema del narcotráfico sí está presente en el Ecuador. Lo reconocen oficiales activos de la fuerza pública que pidieron la reserva de su identidad. Concretamente, hablan de cuatro fases que se registran desde hace algún tiempo: producción de clorhidrato de cocaína, acopio de droga, distribución del alcaloide y lavado de dinero (ver recuadros).
Justamente se trata de las etapas de este delito en las que se produce mayor cantidad de dinero y, consecuentemente, se garantizan suficientes recursos para minar la institucionalidad del país a través de la corrupción a los funcionarios públicos (jueces, fiscales y funcionarios de todo nivel, etc.) y miembros de la fuerza pública (policías y militares).
¿Por qué en estas etapas se garantiza la mayor circulación de dinero en el Ecuador? Las explicaciones que brindan son económicas. Por ejemplo, la subida de la pasta hacia los laboratorios que están en el país desde las fronteras norte o sur cuesta entre $300 y $400 el kilo. Una vez que ya se transforma en clorhidrato, la salida segura (ruta) de 1 kilo oscila entre $3 500 y $5 000. Si se trata de cargamentos mayores, se paga incluso con droga a quienes facilitan estos caminos y no solo con dinero en efectivo.
En los puertos, por donde se la embarca para llevarlas a los sitios de consumo, se paga por cada kilo entre $4 000 y $5 000, y cuando se tratan de cargamentos como de una tonelada, hay rebaja a $3 500 el kilo y también hay el pago en droga.
Aproximadamente, se han incautado en los últimos cuatro años en el país 130 toneladas de drogas (solo en 2009, según las cifras oficiales, se decomisaron 69 toneladas). Las estimaciones internacionales son que con un buen trabajo de la Policía (y en este caso el Gobierno admite la eficacia de las unidades antinarcóticos del país) se incauta alrededor del 10% al 20% de lo que se calcula circula por determinado país. Esto significa que en el Ecuador se estima podría haber unos $700 millones anuales que son producto de esta actividad ilícita y que corresponden a la droga que no ha logrado ser incautada.
¿Qué pasa con ese dinero? Lo primero y más urgente es legalizarlo a través del lavado: se compran casas, haciendas, fincas, departamentos, vehículos, joyas, se instalan negocios de diferente índole, etc. Cualquier tipo de actividad que permita que el dinero que se genera por el negocio ilícito aparezca como lícito.
Los operativos policiales en los últimos cuatro años se han caracterizado básicamente por la efectividad en la incautación, la destrucción de laboratorios y la ubicación de submarios; sin embargo, las estructuras no han podido ser desmanteladas. Así, aunque pierdan algunos millones de dólares, el negocio ilícito sigue en funcionamiento y con recursos para mejorar comunicaciones, seguridad y garantizarse la impunidad, a través de la corrupción, el chantaje o la extorsión.
El ministro del Interior, José Serrano, en entrevista con El Comercio el 22 de mayo, dijo que hay resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado, que se refleja en la disminución de homicidios y asesinatos, y en la desarticulación de las bandas; y que los capos capturados en el país no estaban operando, pero sí ocultándose. Mientras que el jefe del Comando Conjunto, Leonardo Barreiro, en declaraciones públicas comprometió a las Fuerzas Armadas a trabajar en la seguridad ciudadana, aunque desde hace semanas, militares pasivos como Oswaldo Jarrín o Luis Hernández han cuestionado su participación en esas labores, dado que sus funciones son garantizar la seguridad externa, lo cual incluye el control de fronteras, por donde justamente ingresa la droga.
En el país se refina clorhidrato de cocaína
Colombia y el Perú no solo que son productores de hoja de coca, sino que también la convierten en pasta básica. Una vez en ese estado, es transportada a los diferentes laboratorios que estarían situados especialmente en Esmeraldas, Santa Elena, Manabí y Sucumbíos.
Fuentes de inteligencia que pidieron la reserva de su identidad dijeron que la decisión de la delincuencia internacional de instalar los laboratorios en el país (ya han sido desmantelados 15 desde 2011) fue reducir los gastos que representa mover el alcaloide hacia otros sitios para su procesamiento. Aquello implicaba pagar a redes locales que son dueñas de las rutas "seguras".
En la instalación de los laboratorios existiría colaboración de personas de las zonas en las que se las coloca: unas refinan, otras vigilan y otras las llevan a los sitios de embarque.
Las investigaciones policiales desde hace unos años se han centrado en el desmantelamiento o destrucción de las instalaciones, pero no han logrado destruir las estructuras.
Opiniones de expertos en seguridad señalan que la instalación de laboratorios es un detonante de la violencia. Las organizaciones transnacionales tiene redes de sicarios que están presentes en todas las etapas de producción de la droga.
Transporte de droga, factor importante
Las redes de narcotráfico internacional cuentan con bandas en varios países para trasladar la droga desde las zonas de producción de pasta básica hasta los laboratorios, algunos de los cuales están en el Ecuador. Para conseguir el objetivo, existen las llamadas "rutas seguras", que, dependiendo de la mayor o menor eficacia del tránsito, tienen determinado costo.
Por vías terrestre y fluvial, la droga ingresa al país por las fronteras norte o sur (Colombia y Perú). Para el movimiento del alcaloide pueden utilizarse desde camiones hasta autos, pasando por embarcaciones de diferente calado.
El sistema de transporte cumple otra función importante cuando de llevar el clorhidrato a los sitios de embarque se trata. Para ellos se utilizan lanchas rápidas que muevan la droga a los barcos madre en alta mar. También hay submarinos para llevar la droga a sitios más alejados. Las avionetas servirían para sacar la droga de forma más directa, y permite llevar la cocaína a sitios cercanos a los mercados de consumo de los EEUU y Europa.
Como sistemas de transporte de droga también están los correos paralelos que sirven para adherir la droga a distintos objetos. Una variante de esto fue la valija diplomática. Están, además, las llamadas mulas.
El acopio de droga es otro sistema vital
Las organizaciones narcodelictivas cuentan con un sistema de acopio de la droga que llega por diferentes rutas, y los dueños puede asociarse para hacer un solo envío. Los laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína son uno de ellos, porque hay algunos que procesan al mes hasta una tonelada.
Los centros de acopio más importantes están ubicados cerca de puertos, aeropuertos y hasta de pistas clandestinas. Para esto, las entidades delictivas contratan bodegas, convencen a los dueños de propiedades a que les rentan las instalaciones o las compran.
Se han dado casos, como los operativos Huracán Verde y de la Frontera, ocurridos en 2007 y 2008, respectivamente, cuando la droga era procesada en laboratorios colombianos y los centros de acopio estaban situados en propiedades de la zona fronteriza de Esmeraldas (Colope y Campanita) y sepultados en la tierra.
Puntos ubicados en zonas cercanas a la playa son también buenos lugares para almacenar grandes cantidades de droga, pues permiten llevar la cocaína a los sitios de embarque. El lugar de acopio tiene que ser estratégico, alejado de las zonas pobladas y con poca presencia de personas.
Lavado, empresas facilitan el delito
El lavado de dinero es una actividad estrechamente ligada a todos las fases del proceso de producción de la droga. Las "ganancias" que se obtienen de esa actividad, por ser tan grandes, no pueden ingresar directamente al sistema financiero.
Por eso, las redes internacionales del narcotráfico tienen que buscar una forma "legal" de hacer que el dinero les beneficie; de lo contrario, la justicia llegaría pronto contra ellos.
Una de las formas de "blanquear" el dinero es crear empresas que son gerenciadas por miembros importantes de las redes delictivas. Montar una empresa implica grandes inversiones en infraestructura, personal, logística, etc.
Cuando las organizaciones han crecido tanto con este método, forman redes de empresas que contribuyen no solo a lavar el dinero, sino que pueden servir además para cometer delitos, como el mismo narcotráfico.
Los casos más importantes en el país de este tipo delito son el denominado Torres Gemelas, cuya red movió alrededor de $50 millones, y el Gramínea, en el que las fuerzas del orden se decomisaron de departamentos, autos y propiedades que fueron valorados en cerca de $16 millones, y en los que las empresas jugaron un papel importante.
Fuente: hoy.com.ec