Diario: Xornal.com
Fecha: 13/01/2002
Palabras clave: Narcotraficante, Juicio, Cárcel, Libertad
Tema: Narcotráfico
AL NARCO LE TOCÓ EL 'GORDO' DE NAVIDAD
Joaquín Leguina*
El 21 del pasado diciembre, en vísperas de la lotería y de la Navidad, el supuesto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, alias el Negro, recibió un buen regalo: le tocó el gordo. Veintitrés días antes de la celebración del juicio, en el cual habría de enfrentarse a una petición fiscal de más de medio siglo de cárcel, tres jueces de la Audiencia Nacional (Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero) decretaron su puesta en libertad, bajo una fianza leve, de 30.000 euros (cinco millones de pesetas). Antes incluso de recibir la fianza, los jueces remitieron el mandamiento de libertad. El Negro, deprimido y todo, no tardó en fugarse. El escándalo --ahora lo llaman "alarma social"-- saltó inmediatamente a la prensa.
El Consejo General del Poder Judicial pasó la patata caliente a la Fiscalía General del Estado, que ha decidido querellarse "por prevaricación dolosa" contra los tres jueces de la Audiencia Nacional. Una decisión, sin duda, arriesgada, pues "la prevaricación dolosa" exige demostrar que los citados jueces dictaron una orden a sabiendas de que era injusta. Una demostración harto difícil.
EN ESTE desdichado escándalo se mezclan y confunden, al menos, tres asuntos relevantes. Uno, la indignación social ante un trato tan deferente para con los narcotraficantes. Dos, la politización de la judicatura. Y tres, la política a secas.
La indignación social ante la aparente ineficacia judicial en asuntos de narcotráfico tiene una carga emotiva indudable, pero también llueve sobre mojado. Por ejemplo: hace años uno de los grandes capos colombianos fue detenido en España y el juez tuvo que decidir si lo extraditaba a Colombia o a Estados Unidos. Lo mandó a Colombia y, como era de esperar, antes de una semana estaba en libertad. Del juez y de su patrimonio nunca más se supo.
En todo caso, la aplicación garantista de las leyes en casos de narcotráfico tiende a levantar sospechas que se derivan de un hecho evidente: los narcos manejan inmensas cantidades de dinero y, ya se sabe, con el dinero se compran muchas cosas, incluso voluntades.
Otras veces, especialmente en manos del instructor universal (Baltasar Garzón), se han hecho espectaculares redadas sin que se obtuvieran pruebas, con lo cual, la sala correspondiente, a la hora del juicio, se ha visto obligada a dejarlo todo en agua de borrajas. Y aquí entra el segundo punto: las peleas personales y políticas entre jueces. Concretamente, en el caso de los jueces de esta Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, éstos se opusieron al encarcelamiento garzoniano en casos como Ekin, Xaki y otras entidades del entorno de ETA, dejando en libertad a varios de los encausados.
Para muchos magistrados de la Audiencia Nacional, la Fiscalía estaría aprovechando el evidente error de los jueces, al dejar en libertad a El Negro, para apartarlos definitivamente de la Sección Cuarta y sustituirlos por jueces más colaboradores, por magistrados "políticamente correctos".
Desde la llegada de la democracia, los sucesivos gobiernos han entendido que el entramado de ETA era perseguible penalmente, que no había separación allí entre terrorismo y política, pero hasta ahora, la judicatura impidió que prosperara esta teoría; hasta ahora, porque, convenientemente acogida por Garzón, en este momento está sobre el tapete, con visos de prosperar.
Estamos, pues, ante un asunto, un problema, de gran magnitud: la politización de la judicatura, pero también ante la contaminación, sectaria y partidaria, de una cantidad nada despreciable de jueces. Aparte del fiscal general del Estado, convertido en abogado de ministros, desfacedor de entuertos ministeriales y martillo de herejes cuando quien se ve pillado en la infortunada rueda de la justicia no es "de los nuestros".