Diario: Faro de Vigo
Fecha: 27/01/2013
Palabras clave: Prevención, programas, ayuntamientos
Tema: Prevención
El Concello de Vilagarcía está buscando la fórmula para poder mantener los programas de prevención en materia de drogodependencias que este año ha dejado de pagar la Xunta. La concejala responsable del SPAD de Vilagarcía, Ángeles Rodríguez, y su antecesora en el cargo, Elena Suárez, se reunieron esta semana con personal encargado del trabajo en el edificio de Gumersindo Nartallo para abordar la problemática y estudiar cómo evitar que desaparezcan las charlas en colegios, autoescuelas, asociaciones de padres, etc.
La edil Ángeles Rodríguez, "Gely", asegura que su gobierno "va a luchar para mantener el servicio porque es muy importante", sobre todo teniendo en cuenta que O Salnés es una comarca muy castigada por la droga, con una importante prevalencia de adictos -a la heroína, principalmente- en la década de los ochenta. La concejala revela que el coste de los programas de prevención impulsados por el SPAD de Vilagarcía rondó en 2012 los 40.000 euros, una cifra que las arcas públicas de Ravella no pueden soportar, y menos desde que ha aparecido el fantasma de la devolución del millonario préstamo "Luz Salgada".
Pero Rodríguez no tira la toalla. "Hay que ser optimista", dice. A expensas de reunirse con el alcalde el lunes para tratar este tema, la concejala encargada de la gestión del SPAD aboga por hablar con los demás concellos que se benefician de los programas de prevención de Vilagarcía para que se impliquen en la financiación del servicio para sacarlo adelante. Son Cambados, A Illa, Ribadumia, Meis y Portas.
¿En qué criterios se basará Ravella para distribuir el pago de los programas de prevención? Este aspecto quizá se dilucidará en la reunión que mañana mantendrán a primera hora el alcalde, Tomás Fole, la concejala "Gely" Rodríguez y la coordinadora del SPAD, Beatriz Camba. Una de las posibilidades que se podrían barajar es que cada concello aporte una cantidad en función de su número de habitantes.
Hasta este año era la Xunta la que asumía la inmensa mayoría del coste del servicio, mientras que los municipios en los que se desarrollaban los trabajos realizaban una pequeña aportación en función de su tamaño que en ningún caso superaba los 7.000 euros por concello.